Los espacios naturales protegidos en España

España es un Estado descentralizado, compuesto por el Estado central, 17 comunidades autónomas (+ 2 ciudades autónomas), cuya Constitución establece (artículos 148 y 149), el marco legislativo a escala medioambiental. Así pues, en lo que se refiere al reparto de poderes:

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1. El Estado tiene la potestad legislativa de emitir la legislación básica, la cual representa el nivel mínimo de protección aplicable en todo el país, nivel que puede ser rebajado. En España, tres leyes regulan al conjunto de los espacios naturales:

• la Ley 42/2007 del patrimonio natural y de la biodiversidad

• la Ley 41/2010 de Protección del medio marino

• la Ley 3/2014 de Parques nacionales​

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2. Las Comunidades autónomas tienen:

• las competencias para desarrollar las leyes dictadas por el Estado en su territorio y establecer normas suplementarias de protección que impliquen un nivel de protección superior en su territorio,

• las competencias para ejecutar la gestión.

 

El Estado tiene la potestad de declarar y gestionar los espacios naturales protegidos en España en el marco de los espacios marinos.

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En cuanto a las Comunidades Autónomas, declaran y garantizan la gestión de los espacios terrestres y marítimo-terrestres (estos últimos siempre que se demuestre científicamente una continuidad ecológica entre los ecosistemas marino y terrestre).

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Tanto el Estado como las Comunidades Autónomas tienen la libertad de elegir el tipo de protección y las estructuras de gestión específicas.

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Al declarar espacios naturales protegidos, se puede declarar zonas periféricas de protección, destinadas a evitar los impactos ecológicos y paisajísticos externos, así como zonas de influencia socioeconómica, destinadas a favorecer el desarrollo socioeconómico de las comunidades locales, compatible con los objetivos de preservación de los espacios naturales.